Estudio CAC-Asprocon | Proyectos de construcción en Asturias

CAC-Asprocon ha publicado un estudio elaborado por GAD3 que ofrece un diagnóstico detallado del sector de la construcción en Asturias, con especial atención al impacto de la burocracia en los proyectos constructivos del Principado.

El informe analiza los principales trámites administrativos que afrontan las empresas del sector. Entre las licencias de obra, destacan las de obra mayor, que son las más habituales y representan el 82% de los procesos tramitados, seguidas por las de obra menor (75%) y las licencias de primera ocupación (54%).

En el ámbito de las licencias de actividad, los procedimientos más frecuentes corresponden a garajes (50%), locales comerciales (46%) y vados (46%). Por último, en materia de tramitación urbanística, los estudios de detalle (71%) encabezan las gestiones más comunes, seguidos de los procesos de reparcelación o urbanización (66%) y los planes parciales (46%)

• El 38% de las licencias tarda en resolverse entre 3 y 6 meses.

El estudio refleja que los plazos de resolución de las licencias siguen siendo largos. Solo el 5% de los expedientes se resuelven en menos de tres meses, mientras que 4 de cada 10 se tramitan entre tres y seis meses. Sin embargo, la mayoría, un 56%, supera los seis meses de duración, lo que evidencia una tramitación prolongada y poco ágil. En concreto, el 24% se resuelve entre seis y nueve meses, el 15% entre nueve y doce meses, y el 17% requiere más de un año para completarse.

En cuanto a las principales dificultades en la tramitación, 6 de cada 10 empresas señalan los retrasos en los informes técnicos municipales como el principal cuello de botella. Le siguen el exceso de burocracia y los requisitos normativos (52%) y las interpretaciones subjetivas de los técnicos (38%).

Ante este escenario, el sector propone distintas medidas de mejora, entre las que destaca la implantación de sistemas de declaración responsable (43%), seguida de una mejor atención y accesibilidad telefónica (36%) y la gestión unificada de expedientes (32%).

• La declaración responsable se consolida como la opción preferida para agilizar trámites.

En el caso de las licencias de actividad, los plazos de resolución continúan siendo significativos. El 41% de estos trámites se resuelve entre tres y seis meses, mientras que el 34% requiere más de seis meses para completarse. Solo el 25% logra resolverse en un plazo más ágil, de uno a tres meses.

Las principales dificultades que ralentizan la tramitación de estas licencias están relacionadas, en primer lugar, con los plazos excesivos y la falta de trazabilidad del estado del expediente (más del 50%). A ello se suma la emisión de informes por parte de los servicios municipales (48%) y la exigencia de documentación compleja o desproporcionada respecto a la escala de la actividad (43%).

Frente a esta situación, el sector plantea distintas propuestas de mejora. La más respaldada es la implantación de sistemas de declaración responsable, apoyada por el 64% de los encuestados. Le siguen el silencio administrativo positivo, entendido como el mecanismo legal por el que una solicitud se considera aprobada si la administración no responde en el plazo establecido, con un 55%, y la simplificación de los procedimientos por tipo de actividad, elegida por el 30%.

• El 68% del sector reclama tramitar los informes en paralelo para reducir los plazos.

En el ámbito de la gestión urbanística, los plazos continúan siendo especialmente extensos. Seis de cada diez empresas señalan que la emisión de un informe técnico supera los seis meses de media, y cerca del 20% afirma que el proceso puede durar más de dos años. Solo el 26% de los trámites se resuelve en un periodo más ágil, de tres a seis meses.

Entre los principales factores que generan cuellos de botella, destaca la falta de coordinación entre las administraciones implicadas, señalada por el 55% de las empresas. A esta dificultad se suman los plazos indefinidos y la ausencia de seguimiento del estado de los informes. Asimismo, la desigualdad de criterios entre municipios o técnicos es mencionada por el 35% de los encuestados.

Para mejorar este proceso, el 68% de las empresas propone la tramitación paralela obligatoria de informes, de modo que no sea necesario esperar a la finalización de uno para iniciar el siguiente. Otras medidas destacadas son la redacción de criterios técnicos claros y homogéneos para la interpretación normativa (32%) y la implantación de un sistema digital de seguimiento que permita la trazabilidad del estado de cada informe (29%).